La Fuerza Pública, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Unidad de Restitución de Tierras se reunieron con las comunidades reclamantes y organizaciones de víctimas del Urabá Antioqueño para establecer claridad sobre la ruta legal del proceso de reclamación de tierras.
El alto consejero para los derechos humanos de la presidencia, Guillermo Rivera, reiteró el compromiso del presidente Juan Manuel Santos con las víctimas del conflicto. “Trabajamos por restablecer los derechos de las víctimas del conflicto. A través de la restitución garantizamos que los campesinos recuperen sus tierras y se haga justicia en el campo”, afirmó.
Al referirse a casos donde personas se están tomando la justicia por sus propias manos, el coronel Raúl Riaño, comandante de Policía de Urabá, aseguró que estas situaciones serán controladas por la Policía. “Tenemos grupos especiales para combatir episodios que alteren la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Urabá es una región de paz y no pondremos en riesgo el futuro de la región”.
Al respecto, Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, fue enfático al asegurar que: “Las personas que se quieren aprovechar del proceso son detectadas, denunciadas y pronto estarán tras las rejas. Son entre 8 y 12 años de cárcel para quienes pretendan defraudar la ley. Los jueces de la República son los que deciden a quién le pertenecen las tierras, no las vías de hecho”.
En el Urabá Antioqueño, la Unidad de Restitución de Tierras ha llevado ante los jueces más de 18 mil hectáreas de tierra y ha presentado cerca de 700 casos. Sobre el tema, el Alto Consejero para los Derechos Humanos aseguró: “Acompañaremos para que los jueces puedan agilizar decisiones sobre tierras”.
En esta región del país, la Unidad de Restitución de Tierras trabaja sobre las zonas más emblemáticas de despojo.
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