El acuerdo se suscribe teniendo en cuenta que las ciudades son soporte fundamental en la estructura de un país: más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB) se genera allí, la mayor concentración de la pobreza está en los anillos de las zonas urbanas, el 80% del empleo se genera en las ciudades y hacía el año 2050 cerca del 80% de la población residirá en centros poblados urbanos.
Con la firma del acuerdo, las partes se comprometen a:
a) Desarrollar acciones conjuntas para consolidar una visión común y de largo plazo sobre la planificación de las ciudades.
b) Hacer efectivos los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia entre la Nación y los Municipios en pro de un efectivo y eficiente ejercicio de la función pública del ordenamiento territorial.
c) Promover las mejores prácticas en materia de gestión efectiva y oportuna de suelo urbanizable y la dotación de servicios públicos esenciales.
d) Impulsar la oferta de proyectos de construcción de vivienda para todos los segmentos de la población.
e) Generar estrategias conjuntas que promuevan el apoyo técnico y el acompañamiento institucional en las estrategias de desarrollo urbano.
f) Establecer espacios colaborativos y de trabajo para replicar aprendizajes respecto a las acciones de desarrollo urbano.
g) Fijar la estabilidad jurídica como un pilar de la competitividad y la promoción de la inversión privada.
h) Promover espacios de discusión en materia de integración regional y visión metropolitana.
i) Propiciar espacios de participación público-privada a fin de atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional.
j) Desarrollar todas las estrategias que se acuerden en la agenda de trabajo conjunta, con la identificación de las acciones y su priorización.
k) Identificar y gestionar posibles fuentes de financiación para hacer efectivas las iniciativas que en cada territorio materialicen los acuerdos aquí enunciados.
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