Después de muchas horas de dedicación, se cumplió a cabalidad el cronograma de actividades construído en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-, institución nacional que acompaña en este proceso a la Administración Municipal.
Se espera que el próximo el 29 de agosto esté listo el borrador, para luego integrar las partes que han participado y llegar a un consenso final.
Con el nuevo esquema se busca la eficiencia en el gasto público, la disminución de riesgos de corrupción en la Administración Municipal, la agilidad en la toma de decisiones, la desconcentración del CAM, fortalecer su estructura profesionalizando al factor humano para garantizar la calidad en los procesos y la memoria histórica institucional.
“Más allá de modernizar la estructura del Municipio y ponerla a operar de manera óptima, volcada a prestar los mejores servicios posibles para responder a las necesidades de los ciudadanos, la Administración Armitage está poniendo los cimientos para erradicar esa esclavitud moderna que es el clientelismo. Y esa gestión redundará en una mejoría de la calidad del empleo público pero también de la calidad con que los funcionarios prestan sus servicios a la comunidad, cortando la dependencia de prácticas que por años estuvieron arraigadas en la cultura política de la ciudad”, manifestó el Jefe de Gabinete, Nicolás Orejuela.
Camacol, la Alianza para la Renovación Urbana, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Fundación Ideas para la Paz, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, FDI, Planeación Nacional, el Instituto Agustín Codazzi, la Alianza para las Universidades, los Concejales, los sindicatos, entre otras instituciones y sectores sociales y cívicos, han participado para dar una mirada técnica respecto a la nueva estructura, que aún está en discusión.
Actualmente, la Alcaldía no cuenta con la estructura necesaria para temas trascendentales como lo son: el posconflicto, la mujer, el desarrollo económico, entre otros, ya que la reforma vigente data de hace más de 15 años y no responde a los cambios normativos, el crecimiento natural de la ciudad, que es polo de desarrollo del suroccidente colombiano y de la región pacífico, ni a las dinámicas de los flujos poblacionales generadas por el conflicto interno colombiano, donde hay alrededor de 182.208 víctimas y 1.516 desmovilizados.
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