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jueves, 11 de octubre de 2018

Conceptos de los entes de control sobre proyecto de enajenación accionaria de EPM



La Personería y la Contraloría de Medellín participaron de las sesiones de estudio y socialización del proyecto de acuerdo 150 de 2018, propuesta de la Administración Municipal que busca asegurarle a EPM la liquidez necesaria para afrontar el plan de inversiones en infraestructura de servicios públicos y la puesta en marcha de Hidroituango.

Por solicitud del Concejo Municipal, la Personería y la Contraloría de Medellín brindaron sus concepto sobre el proyecto de acuerdo de 150 de 2018, en desarrollo de las sesiones ordinarias dedicadas al estudio y socialización de esta iniciativa que estipula la venta de las participaciones accionarias de EPM en ISA y algunas otras empresas nacionales.

El primero en entregar su punto de vista fue el personero de Medellín, Guillermo Durán Uribe. "El concepto que se presentó, respecto al  proyecto de acuerdo 150 que propone el Municipio, al tratarse de una venta de activos en el país, se concluyó que el trámite que se le está dando es el correcto y el Concejo es competente para tomar la decisión en plenaria", dijo.

Respecto a otros temas, no incluidos en el proyecto de acuerdo 150, como la venta de los activos de EPM en Aguas de Antofagasta (ADASA) y parque eólico Los Cururos, en Chile, y que algunos concejales han manifestado la inquietud sobre si esa decisión debe pasar por el Concejo, o no, Durán Uribe aclaró que la Personería no está llamada a tomar una determinación al respecto. "A futuro una opinión sobre ello puede llegar a ser un impedimento para investigar posibles denuncias que se presenten", expresó.

Por su parte, Luis Alfonso Barrera Sosa, jefe de la oficina jurídica de la Contraloría de Medellín, emitió su concepto acerca del proyecto de acuerdo 150. "Allí hay dos temas a tratar. El primero: la posibilidad de la venta de activos de EPM en el país. En ese sentido, la Contraloría, advirtiendo previamente que no es competente para dar un concepto específico frente al asunto, dice que es un asunto de jurisprudencia nacional y que es claro, a través de ley 226 de 1995, que la competencia es del Concejo", argumentó.

"En segundo lugar, frente a la venta de activos de EPM en el exterior, partiendo nuevamente que no podemos dar una solución especifica al asunto, expresamos que si bien es un tema que no ha sido materia especifica de la jurisprudencia, sí existe un concepto de Consejo de Estado que deja claramente definido que en el proceso de venta -dado que se lleva a cabo en otro país-, tienen que aplicarse las normas de esa nación extranjera, pero frente el proceso de autorización deben aplicarse las normas nacionales", agregó Barrera Sosa, en representación de la Contraloría.

Antes los informes presentados por la Contraloría y la Personería de la ciudad, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta entregó su consideración. "El equipo jurídico nuestro ha venido estudiando este proyecto de acuerdo y la necesidad, o no, de traer al Concejo las ventas de la empresa en Chile. Este equipo ratifica, junto al de la Secretaría Jurídica de la Administración Municipal  y con el aval del área jurídica del Concejo, que esto no es necesario. Vamos analizar los conceptos recibidos por los entes de control pero se ha hecho un estudio muy juicioso del tema y esa es la postura que nosotros tenemos", comentó el ejecutivo.

Londoño de la Cuesta reafirmó que está confiado en que la ciudadanía y el Concejo, como sus principales representantes, entienden la situación de liquidez que estará viviendo la empresa en los próximos meses y la importancia de poder realizar la enajenación de estos activos.

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