En una reunión clave llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Medellín, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se comprometió a revisar nuevas metodologías constructivas para evitar el cierre prolongado de la vía en el sector de Las Areneras de Amagá, un corredor estratégico para el departamento de Antioquia. La propuesta surgió en la comisión accidental convocada por la bancada antioqueña en el Congreso de la República, que hace seguimiento a los avances en proyectos de infraestructura vial como Vías 4G y Pacífico 1.
El Secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón Arango, indicó que la ANI trabajará en conjunto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar la licencia ambiental vigente y firmar un otrosí que permita implementar nuevos métodos constructivos sin necesidad de intervenir la montaña. “Se va a buscar no tumbar la montaña. Las metodologías alternativas se llevarán a la comunidad de Amagá, que fue la que inicialmente solicitó los retornos, para que conozcan las opciones que evitarían un cierre de 20 meses, 10 horas diarias, de esta vía tan estratégica para el departamento”, explicó el funcionario.
Durante la reunión también se discutieron otras necesidades urgentes en el corredor vial, como acelerar los trabajos en el sector de La Sinifaná, donde un deslizamiento en 2019 paralizó el proyecto, así como la construcción de un puente sobre el río Cauca que está pendiente desde hace varios años. Además, se pidió mejorar el sistema de peaje para evitar congestiones vehiculares y concluir los 3,2 kilómetros de doble calzada que aún faltan en este trayecto.
La mesa técnica, que se realizará la próxima semana con la participación de la ANI, Covipacífico y la comunidad de Amagá, buscará definir las opciones viables para continuar con el desarrollo de este corredor sin afectar el entorno natural y evitando un cierre que pondría en riesgo la competitividad y la conectividad de la región.
El sector de Las Areneras de Amagá ha sido motivo de preocupación para la comunidad, ya que el cierre propuesto inicialmente de 20 meses afectaría no solo la movilidad, sino también la economía local y la seguridad de la zona. La intervención de los entes gubernamentales busca mitigar estos impactos y avanzar en el proyecto con el menor daño posible para la montaña y sus alrededores.
Las autoridades esperan que, con el apoyo de la comunidad y la cooperación de las entidades responsables, se logre una solución que permita concluir los trabajos en el menor tiempo posible y con la menor afectación al territorio.