Con el fin de enfrentar la práctica ilegal del sacrificio animal, la Gobernación de Antioquia y representantes de las plantas de beneficio del departamento se reunieron para definir estrategias conjuntas. Esta práctica no solo afecta la salud pública, sino que también genera una significativa reducción en los ingresos por el Impuesto de Degüello.
Durante el encuentro, se destacó que el sacrificio ilegal de animales en espacios no controlados y sin medidas de salubridad adecuadas ha aumentado considerablemente, afectando la calidad de la carne que llega a los consumidores y disminuyendo los ingresos fiscales destinados al sector ganadero. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entre 2022 y 2023 se sacrificaron 23.863 bovinos menos, lo que representa una pérdida de más de 3.177 millones de pesos en el Fondo de Impuesto de Degüello.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, Rosa Acevedo, expresó su preocupación por el incremento de esta práctica ilegal. "El sacrificio ilegal pone en riesgo la salud de los antioqueños. Nuestro objetivo es garantizar que la carne que se consume en Antioquia sea producida y distribuida en condiciones óptimas de salubridad e inocuidad", afirmó Acevedo.
Como parte de las estrategias para abordar esta problemática, se organizarán foros subregionales con la participación de autoridades locales, incluyendo alcaldes, secretarios de gobierno, y representantes de entidades como el ICA, Invima, y la Procuraduría Provincial Agraria. Estos foros buscan visibilizar la situación y generar soluciones conjuntas para erradicar el sacrificio ilegal y minimizar sus impactos negativos.
Acevedo también subrayó que la reducción en los ingresos por el Impuesto de Degüello afecta la capacidad de inversión en el Plan de Modernización de la Ganadería, impidiendo la reinversión en sistemas silvopastoriles y prácticas de ganadería sostenible y regenerativa.
José Cárdenas, gerente del Frigorífico de Urabá, destacó las dificultades que enfrenta el sector legal debido al sacrificio ilegal, incluyendo la disminución de animales ingresados a las plantas de beneficio y la consecuente pérdida de empleo formal. "Esta situación resulta en problemas de salud pública, ya que carne no apta para el consumo humano está llegando a las mesas de los antioqueños", explicó Cárdenas.
En la reunión participaron representantes de plantas de beneficio de San Carlos, Puerto Triunfo, Cañasgordas, Fredonia, Sonsón, Bello, Policía Ambiental, Porkcolombia, Central Ganadera, y diversas secretarías de la Gobernación de Antioquia, demostrando un esfuerzo conjunto por enfrentar esta problemática de manera integral.
