El departamento de Antioquia registró en la vigencia 2025 uno de sus mejores balances en materia de rigor y disciplina fiscal. De las 125 entidades territoriales (entre municipios y distritos) que componen el departamento, 124 lograron cumplir con los límites estrictos de gastos de funcionamiento que exige la Ley 617 de 2000.

Así lo reveló el más reciente Informe de Viabilidad Fiscal y Financiera, presentado por el Departamento Administrativo de Planeación ante la Asamblea Departamental. La cifra demuestra una notable recuperación y compromiso con las finanzas públicas, considerando que en el año 2023 eran 19 las localidades que se encontraban en situación de incumplimiento. Para el cierre de 2025, esa lista se redujo a una sola población.
El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, resaltó el impacto del trabajo conjunto entre el departamento y los mandatarios locales:
“Esto refleja el impacto de las estrategias de fortalecimiento fiscal y financiero, el acompañamiento técnico de la Gobernación de Antioquia y el compromiso de las administraciones municipales con una gestión financiera responsable”.
El panorama de las finanzas locales
Este avance es el resultado de un programa de asistencia técnica permanente liderado por la Gobernación, mediante el cual se asesoró a los municipios en la optimización de sus recaudos y el control del gasto administrativo. Al sanear sus cuentas, las alcaldías incrementan su capacidad de endeudamiento y liberan recursos clave para la inversión social y la infraestructura.
El informe técnico detalló que Caracolí fue el único municipio del departamento que no logró cumplir con el indicador de la Ley 617 de 2000. De acuerdo con la evaluación, este saldo en rojo estuvo condicionado principalmente por un incremento sostenido en sus gastos internos de funcionamiento combinado con una baja capacidad para generar ingresos propios.
Frente a este escenario, la Gobernación de Antioquia ratificó que continuará promoviendo la cultura de la planeación financiera y el acompañamiento directo para consolidar la autonomía económica de las regiones y responder de manera eficiente a las necesidades de la comunidad.
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