En una contundente declaración, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, anunció que interpondrá una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Gobierno Nacional, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones frente al derecho fundamental a la salud. La medida se toma en medio de la declaratoria de emergencia hospitalaria en la ciudad y una creciente crisis que, según el mandatario, se ha agudizado por la falta de pago a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por parte del Gobierno a través del Ministerio y la Superintendencia de Salud.
“La salud es un derecho y no una transacción, pero nuestra capacidad tiene límites. No vamos a permitir que la gente muera haciendo fila mientras otros hacen política”, expresó el alcalde, quien responsabilizó directamente al Gobierno Nacional por el colapso financiero de hospitales públicos y privados. Indicó que hay entidades a las que solo se les ha pagado el 6 % del valor facturado por servicios médicos, como ocurrió con el Hospital General de Medellín, que en abril facturó $18.000 millones y solo recibió $1.100 millones.
La deuda actual con las entidades públicas de salud en Medellín asciende a $169.200 millones: $128.000 millones con el Hospital General, $32.000 millones con Metrosalud y $9.200 millones con el Hospital Infantil Concejo de Medellín.
La Alcaldía ha destinado una inversión histórica de $300.000 millones para fortalecer la red hospitalaria pública y evitar su colapso. Además, destacó el fortalecimiento del Centro Integrado de Gestión al Acceso (Ciga), una estrategia que ha permitido gestionar más de 300.000 citas médicas desde 2024 con una inversión superior a los $5.000 millones.
Pese a los esfuerzos locales y al diálogo promovido con distintas entidades nacionales, el deterioro del sistema y la falta de respuesta obligaron a adoptar medidas adicionales. Entre ellas, la intervención del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) y nuevas estrategias de descongestión en centros asistenciales.
Gutiérrez hizo un llamado nacional a unirse a la acción legal: “Invito a alcaldes, gobernadores, hospitales, médicos, universidades, usuarios y personal asistencial de todo el país a vincularse a esta demanda. No tienen que presentar otra; esta ya cuenta con sustento legal. Lo que está en juego es la vida de millones de colombianos”.
El mandatario cerró con una reflexión contundente: “Detrás de cada factura hay una persona que necesita atención. Como ciudad estamos haciendo nuestra parte, pero no vamos a quedarnos callados mientras otros se lavan las manos con el desastre que están generando”.
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