Durante la inauguración de la nueva sede de la Casa Editorial de El Tiempo en la capital del país, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, planteó una profunda reflexión sobre el tratamiento informativo del terrorismo y los riesgos de que las organizaciones criminales utilicen escenarios de difusión para amplificar sus estrategias de miedo, coacción y violencia.
El Mandatario fue categórico al definir la naturaleza de estas estructuras al margen de la ley:
"El terrorismo no es una opinión política ni una expresión áspera del debate democrático. Es la utilización deliberada de la violencia y del miedo para someter a una sociedad, quebrar el orden institucional e imponer por la fuerza la voluntad de quienes actúan al margen de la ley. Por eso lo digo claramente: el terrorismo es enemigo de toda la patria y de la sociedad libre".
¿Información de interés público o propaganda criminal?
Ante directivos, periodistas y líderes de opinión, el Jefe de Estado invitó a abrir un debate nacional sobre los límites éticos y profesionales al momento de cubrir el accionar de los grupos armados o delictivos, distinguiendo entre el deber fundamental de informar y la exposición involuntaria de discursos intimidatorios.
"¿Dónde termina el legítimo deber de informar sobre un terrorista y dónde comienza el riesgo de servir involuntariamente a su estrategia de propaganda? Es una discusión que Colombia debe dar. Investigar a una organización terrorista, descubrir su financiación, revelar sus estructuras, documentar sus crímenes y exponer sin matices sus acciones antisociales responden plenamente al interés público. Distinto es el caso en que una entrevista o un espacio informativo deja de aportar elementos útiles para comprender los hechos y termina ofreciendo al terrorista una tribuna para difundir amenazas, justificar sus crímenes o imponer su relato", expresó.
El peligro de deformar la realidad a través del lenguaje
Trayendo a colación referentes internacionales como la lucha de España contra el grupo terrorista ETA, el Presidente insistió en que las estructuras armadas no solo requieren recursos financieros, sino mecanismos comunicacionales para amedrentar a la ciudadanía. Por ello, advirtió sobre la urgencia de llamar a los delitos por su nombre y evitar eufemismos que desfiguren la gravedad de las conductas punibles:
"Una extorsión no se transforma en un impuesto revolucionario porque así la llama quien cobra el dinero bajo amenaza. Un secuestro no deja de ser secuestro porque sus autores hablen de una retención, y un asesinato no adquiere dignidad política porque sus perpetradores pretendan denominarlo 'ejecución'. Las palabras importan, porque el lenguaje puede describir la realidad, pero también deformarla, con graves consecuencias para el Estado de Derecho y la sociedad".
Finalmente, el Mandatario expresó su preocupación por el riesgo de que la atención mediática se desvíe hacia los victimarios en detrimento de las víctimas, aclarando que su rol como gobernante no consiste en dictar pautas editoriales, sino en garantizar que los profesionales de la comunicación ejerzan su labor con absoluta independencia, autonomía y sin presiones de ninguna índole.
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