La Gobernación de Antioquia celebró un hito significativo al llegar a la Jornada Unidos por la Vida número 200 con su Unidad Móvil, una iniciativa que ha marcado una diferencia tangible en la vida de más de 55.000 personas pertenecientes a 84 municipios, 124 corregimientos y más de 50 veredas en todo el departamento.
El propósito fundamental de las Jornadas Unidos por la Vida es descentralizar la oferta estatal, llevando servicios esenciales a comunidades distantes de los centros urbanos. La Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, líder en esta iniciativa, ha demostrado un compromiso constante con la extensión de servicios estatales para generar condiciones de equidad, justicia y convivencia en las regiones más apartadas de la geografía antioqueña.
La jornada número 200 se llevó a cabo en San José de Apartadó, donde se articulan diversas entidades de justicia a nivel local, departamental y nacional, así como las Fuerzas Militares y de Policía, empresas del sector privado, organizaciones de cooperación internacional y ONG. La colaboración de estas entidades ha permitido adaptar los servicios ofrecidos según la dinámica y necesidades específicas de cada región.
Sebastián Londoño, director de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Acceso a la Justicia de la Secretaría de Seguridad y Justicia, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto: "Se trata de llevar a los lugares más alejados y desconcentrar la oferta que se concentra habitualmente en los cascos urbanos. Este es un trabajo que se puede lograr gracias a los gobiernos locales y nacionales, cooperantes internacionales, empresas privadas del tercer sector y con el apoyo indispensable de los organismos de seguridad y justicia".
Con una inversión de alrededor de $2.352 millones, las Jornadas Unidos por la Vida han beneficiado a más de 55.000 personas en las nueve subregiones del departamento. Estas jornadas han llegado a 84 municipios, 124 corregimientos y más de 50 veredas, priorizando territorios distantes de los centros urbanos y abordando contextos críticos de seguridad y convivencia.
Este enfoque integral no solo aborda las necesidades básicas de las comunidades, sino que también garantiza la protección y defensa de los derechos humanos. La Registraduría, el SENA y otras instituciones educativas, las Fuerzas Militares y de Policía, instituciones de recreación y deporte, empresas privadas con oportunidades laborales y diversas entidades que facilitan el acceso a la justicia, se han unido para ofrecer servicios esenciales a quienes más los necesitan en estas áreas apartadas del departamento.
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