-Técnicas de auditoría forense arrojaron que el programa insignia de la administración pasada, en el que se entregaron computadores a los estudiantes, tuvo una presunta adjudicación fraudulenta y que incluso, algunos equipos fueron encontrados en casas de empeño.
-El informe detalla 501 casos en los que se tomaron decisiones que comprometen millonarias cifras, lo cual deteriora gravemente los recursos públicos. Este lunes, el alcalde de Medellín expuso los más graves.
-Entre los hallazgos se destaca el presunto ‘carrusel de la contratación’ que se montó con recursos de Presupuesto Participativo.
-Cada caso fue puesto en conocimiento de los órganos de control, ante los cuales se aportaron las evidencias.
Con pruebas que ya están siendo puestas a disposición de los órganos de control y con los expedientes que arrojó la auditoría forense, aplicada por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, se presentó un revelador informe de hallazgos e irregularidades que comprometen a la administración de Medellín entre 2020 y 2023.
“Son 501 hallazgos que en dos meses hemos investigado e indagado, al tiempo que gobernamos y ponemos en orden la casa. Porque la recibimos incinerada, vandalizada y saqueada. Son 501 hallazgos sólo al día de hoy. Y los folios solo corresponden a las pruebas de algunas de ellos. Todavía no están EPM, Emvarias, Afinia, Ruta N, Metrosalud, Hospital General, Hospital Concejo de Medellín, ni muchas otras que presentan también graves irregularidades”, señaló el mandatario local.
Los hallazgos reflejan la manera en la que, en el cuatrienio 2020-2023, se tomaron decisiones de tipo contractual, administrativo, financiero, jurídico y de recursos humanos que impactan los recursos públicos de Medellín en cifras millonarias y que evidencian el precario nivel de transparencia en las actuaciones administrativas.
Las denuncias hechas por Gutiérrez Zuluaga revelan detalles desconocidos ante la opinión pública del negocio de la Clínica de la 80 que se hizo con SaludCoop, cuestionanlacompradel predioendonde había unafuneraria paralaconstrucción de un jardín infantil de Buen Comienzo y señalan que Presupuesto Participativo funcionó como un ‘carrusel de la contratación’.
“En la mayoría nos constituimos como víctimas desde la alcaldía, lo que nos permitirá asistir a las audiencias, ser notificados de todas las actuaciones, y eventualmente ser indemnizados por perjuicios”, agregó el alcalde.
Sin que le restara gravedad a otras decisiones de la anterior administración de la ciudad, que fueron ya denunciadas ante las autoridades competentes, el alcalde Gutiérrez Zuluaga enfatizó que el más escandaloso de estos hechos tiene que ver con el programa insignia de la pasada administración de Medellín: Computadores Futuro.
El alcalde señaló una presunta adjudicación fraudulenta del contrato, del cual subrayó que tuvo sobrecostos y retrasos.
El contrato inicial se adjudicó por un valor de $80.000 millones. Sin embargo, tuvo 6 modificaciones y terminó costando $118.000 millones, es decir $38.000 millones más. Según el informe, los equipos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas contratadas, por ejemplo, se hallaron equipos sin sistema de ventilación. Además, más de 9.000 computadores fueron entregados bajo la modalidad de incentivo, lo cual no está permitido, ya que la Constitución Nacional prohíbe las donaciones a particulares por parte de entidades públicas.
La gravedad de los hallazgos es tal, que incluso el alcalde denunció que uno de los Computadores Futuro fue encontrado en una casa de empeño de la ciudad.
Otro de los señalamientos más escandalosos hechos por el mandatario compromete el manejo de recursos de Presupuesto Participativo durante los recientes cuatro años.
“Se evidenció un presunto ‘carrusel de la contratación’ en el que se direccionaron los recursos de Presupuesto Participativo para favorecer a 18 corporaciones, soportado en correos electrónicos y testigos, a través de códigos internos que identificaban las corporaciones con las que Plaza Mayor debía contratar, lo cual está prohibido por la ley”, precisó.
Además, explicó que los operadores identificados en los códigos internos suman contrataciones por un valor superior a $25.000 millones, solo en 2023.
Con relación al negocio de la Clínica de la 80, al parecer hubo un presunto detrimento patrimonial y fue un negocio mal hecho que dejó pérdidas millonarias. La alcaldía del momento firmó un contrato de comodato con la clínica SaludCoop de la 80 y posteriormente hizo adecuaciones en infraestructura física por un valor cercano a los $24.000 millones; luego SaludCoop solicitó la devolución de la clínica. La alcaldía firmó un contrato para vender las adecuaciones a un privado por $12.000 millones, y ese valor fue inferior al 50 % de los recursos públicos invertidos, con el agravante de que los pagos serían a 36 cuotas.
Adicionalmente, esta decisión se debía llevar al comité de conciliación para su aprobación. Este nunca lo aprobó. Al día siguiente, Secretarios de Salud, General y Suministros incurrieron en una presunta falsedad en el documento de venta ante notaría sosteniendo que el comité de conciliación los había autorizado para ello.
“Nuestra administración, en cumplimiento de la ley y el compromiso adquirido por la ciudadanía, ha realizado las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de peculado, suscripción de contrato estatal sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público”, denunció Gutiérrez Zuluaga.
El alcalde de Medellín reiteró su indignación por las malas condiciones en que encontró el estado general de la ciudad y puntualizó sobre el mantenimiento de jardines y zonas verdes que “por la politiquería y la corrupción pasamos de ser la ciudad de las flores y los jardines, referente en el país por el mantenimiento de las zonas verdes, a una ciudad marchita, abandonada y descuidada, por la contratación indebida de operadores sin la idoneidad y experiencia requerida”.
El programa Buen Comienzo también fue objeto de investigación en la auditoría forense la cual señaló que, de manera arbitraria y sin evaluar la pertinencia, se adquirió un predio donde operaba una funeraria en el barrio Juan del Corral por valor de $5.182 millones, el cual no es apto para la construcción y funcionamiento de un jardín infantil, conforme con los usos del suelo, con el agravante de que se requirieron, adicional, más de $7.315 millones para su puesta en funcionamiento.
Además, actualmentese encuentran imputaciones enfiscalía a exfuncionarios por hechos de corrupción frente a la contratación con sobrecostos para los paquetes alimentarios del programa, entre los que se encuentran la ex secretaria de Educación, la ex directora técnica del programa y el representante legal de una de las corporaciones que funcionaba como operador.
Sobre el Parque de Las Aguas, el informe advierte que con recursos públicos del Área Metropolitana, a través de Metroparques, se firmaron contratos para el mantenimiento, cercanos a los $22.000 millones, donde se evidencia un presunto ‘carrusel de contratistas’ sin la experiencia e idoneidad. Entre las evidencias aportadas a la Fiscalía se identifica concentración y presunto direccionamiento de la contratación con sobrecostos. En este caso, también se encontraron hallazgos tan graves como la contratación de empresas del sector textil para el mantenimiento del parque. La Administración Distrital ha colaborado con la Fiscalía para determinar la posible utilización de documentos falsos.
En este hecho, se configuran presuntamente los delitos de asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y uso de documento falso. Hoy, la Alcaldía de Medellín aportará evidencia adicional ante el órgano de control.
“Queremos ser muy responsables con algo, y es calcular el daño al Distrito. No nos corresponde a nosotros cuantificarlo. En todos estos casos estamos constituyéndonos como parte y como víctimas, lo que nos permitirá seguir aportando elementos probatorios y reclamar el daño causado a nuestro patrimonio. Queremos dejar un precedente: esto no puede volver a pasar”, expresó Gutiérrez Zuluaga.
Finalmente, al alcalde de Medellín manifestó su gratitud con las veedurías, los medios de comunicación, los funcionarios, los testigos y la ciudadanía activa que con sus denuncias protegieron a la ciudad.
