Con la inspección de monitoreo a través de la Unidad de Emergencias Ambientales -UEA- se busca verificar el punto exacto de descarga al afluente informado, se hace seguimiento aguas arriba con el fin de detectar al presunto infractor; en muchos casos se requiere apoyo de EPM, por ser la empresa propietaria y operadora de la red de alcantarillado público, ello con el fin de tener una línea base para iniciar la pesquisa. Si el vertimiento –de colorantes u otras sustancias- hecho de forma no legal se hiciera por parte de una empresa directamente a una fuente de agua, sería muy fácil de detectar el punto exacto y actuar directamente; sin embargo, las coloraciones denunciadas por la comunidad; provienen de sectores consolidados de infraestructura rural, urbana, o suburbana, es decir se vierten a centenares de metros y mucho más, a través de redes de alcantarillado, que van por debajo de tierra; lo que dificulta claramente la labor investigativa de todas las autoridades y entidades involucradas. Por ello, en algunos casos se utiliza como herramienta un dron con apoyo del SIATA para detectar su origen.
Si bien la presencia de color no implica necesariamente afectación ambiental, el Acuerdo Metropolitano 21 de 2012, prohíbe vertimientos directos a cuerpos de agua o al sistema de alcantarillado público que alteren los objetivos de calidad y modifiquen las condiciones de color del cuerpo de agua.
Esta autoridad ambiental se preocupa por las denuncias ciudadanas, y por ende despliega todos los medios necesarios para detectar ese tipo de infracciones, pero en la mayoría de los casos estas descargas son puntuales, es decir son momentáneas y de corto tiempo, lo que dificulta tener información certera de los infractores ya que al momento de hacer la inspección, el recorrido/movimiento del agua ya ha trasladado el vertimiento puntual. Aun así, cuando es posible mediante la inspección de monholes, redes y demás, si hay trazas de la sustancia colorante vertida, se trata de llegar hasta el punto de origen de la infracción.
Durante el año 2016, se ha trabajado mancomunadamente con Corantioquia y EPM en los diferentes eventos de vertimientos al río y sus afluentes reportados por diferentes medios de comunicación que en total hasta la fecha suman cincuenta (50), todos ellos originados en el sur del Valle de Aburra; sin embargo, a la fecha no se ha iniciado ningún proceso sancionatorio por este tema; ya que dentro de las investigaciones, ninguno de ellos ha provenido de una actividad ubicada en zona urbana (jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá)
Igualmente se elaboró un mapa con los puntos críticos de vertimientos identificados y con Corantioquia y EPM, se viene trabajando de manera conjunta para encontrar los responsables de la afectación al principal cuerpo de agua de la región y de manera preventiva se están realizando monitoreos sistemáticos a las fuentes hídricas de la región.
Asi mismo, se instaló formalmente la mesa de trabajo para abordar la problemática, donde además de las entidades mencionadas anteriormente, participan la ANDI, PROSUR, la Universidad Pontificia Bolivariana, entre otras; las cuales, no sólo actúan al momento de presentarse una denuncia personal o por medios de comunicación; sino que se hacen recorridos continuos por dicho afluente y otros seleccionados como los más críticos debido a todo el sector industrial consolidado que los rodea. Sin perjuicio de las visitas periódicas de seguimiento a las actividades productivas que hace el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Desde el año 2013 a la fecha, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha impuesto sanciones a cinco (5) empresas responsables de vertimientos al río Aburrá – Medellín por un valor que asciende a $504.000 millones de pesos.
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