El sueño de 934 recicladores de Cali se hizo realidad con la conformación de la nueva Asociación de Empresas de Recicladores Aire 3R- que nace con la unión de pequeñas organizaciones, conformadas a lo largo de dos décadas.
Este proceso, direccionado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social -en cabeza de Luis Alfredo Gómez Guerrero y el apoyo de la Universidad Icesi- asesoró en materia jurídica y administrativa las organizaciones recicladoras, para conformar un esquema asociativo que les permita competir como empresas y consolidar una organización dedicada a la recuperación de residuos sólidos aprovechables en Cali.
Al respecto, la Secretaría ha realizado acompañamiento en el desarrollo de los trámites de constitución y legalización de la empresa, como son: registros de escritura pública en notaría, Cámara y Comercio, Dian (RUT) y ante la Superintendencia de Servicios Públicos.
Aliria Torres García, presidenta de la asociación, informó que los servicios de reciclaje a contratar son: recolección de residuos sólidos reciclables, barrido y limpieza de áreas y vías, atención de aseo en eventos masivos, limpieza y descontaminación de separadores viales, entre otros.
Por su parte, Édgar Rodríguez, socio de la organización, dijo que inicialmente participaron en el proceso de promoción, creación y constitución de la empresa de Aseo Integral de Residuos (Aire) 3R S.A, 41 delegados pertenecientes a 12 organizaciones de base, entre ellos: Fprame, Arena, Redecol, ARC, Arco 20, Asodecores, Arac 22, Tecnisólidos, Rema, Ecofuturo, Asobosur y Navarro.
Para la vigencia 2014, la Secretaría de Bienestar Social continuará apoyando el proceso de fortalecimiento organizacional y empresarial de los recicladores y apoyo a la calidad de vida, de acuerdo a la Sentencia T-291, con un respaldo presupuestal de $300 millones.
Finalmente, el secretario Luis Alfredo ratificó que la ejecución de estos proyectos de fortalecimiento organizacional y empresarial con los recicladores del municipio de Cali va acorde al compromiso de la Administración Municipal con el desarrollo de acciones afirmativas que den cumplimiento a la Sentencia T-291 de 2009.
De esta forma, se avanza en el reconocimiento social e institucional a la población recicladora, tal como lo ordena la Corte Constitucional.
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