jueves, 13 de agosto de 2020

En relación con la contingencia iniciada en el proyecto hidroeléctrico Ituango el 28 de abril de 2018, EPM informa a la opinión pública:



1. Con el mandato del Alcalde de Medellín y Presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero Calle y tras la elaboración de análisis integrales de expertos de la Empresa, equipo jurídico, estudio de causa-raíz de la firma especializada internacional Skava Consulting y la revisión minuciosa de toda la documentación en materia jurídica, se identificó que el consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCCI (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H) y el consorcio interventor Ingetec-Sedic conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que habían problemas para cumplir correctamente con el “Hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación” y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo, que a la postre, condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación (GAD) y que obligó a gestionar un manejo sin precedentes de los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de la caverna de transformadores.

2. Debido a las divergencias económicas con los mencionados consorcios, por los hechos desatados a partir del 28 de abril de 2018, cuando inició la contingencia, y en la que la Empresa ha asumido todos los costos causados y estimados, EPM tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra estimado en $9,9 billones, correspondientes al daño emergente (maquinaria, préstamos, intereses, atención a las 4.000 personas afectadas y pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-) y el lucro cesante (venta de energía, entre otros).

3. Antes de acudir al juez y elevar la demanda por $9,9 billones contra los Consorcios, EPM debe agotar el requisito de la conciliación con los involucrados. Este proceso tardará tres meses y su duración máxima será hasta el 10 de noviembre. Dado el caso que fracase la conciliación, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cabeza del Consejo de Estado, será quien dirima la controversia económica entre EPM y los Consorcios. En caso de que no se logre la conciliación, esta sería la demanda más alta interpuesta por una entidad de derecho público en contra de un contratista en Colombia.

4. Con el fin de que esta conciliación se surta en condiciones adecuadas, EPM solicitó la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado. Un procurador delegado será el encargado de coordinar la conciliación entre las partes en controversia dentro de los tres meses siguientes a la radicación.

5. La contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, considerado la infraestructura energética más importante realizada en Colombia durante las últimas tres décadas, genera la obligación en cabeza de los contratistas de responder ante la sociedad y, a su vez, para EPM de poner en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes y cumplir al país con las obligaciones de energía en firme a través de su portafolio de generación de energía eléctrica.

6. Consecuentes con el compromiso y la responsabilidad de la Administración de EPM y su Junta Directiva se toman estas decisiones contundentes y profundas, en sintonía con los intereses de la sociedad, el Estado, el departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, así como en la defensa de los recursos públicos y la culminación del proyecto hidroeléctrico Ituango.

Medellín, 10 de agosto de 2020

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