La Alcaldía de Medellín fortaleció durante 2025 la atención ciudadana frente a las problemáticas relacionadas con el uso indebido del espacio público, con la resolución de 2.236 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes) que derivaron en intervenciones directas, acciones de control y operativos focalizados en diferentes puntos de la ciudad.
La Secretaría de Seguridad y Convivencia informó que la mayoría de los requerimientos estuvieron asociados a ocupaciones irregulares, invasión de andenes, instalación de estructuras improvisadas, comercio no autorizado, acumulación de residuos y comportamientos que generaban afectaciones a la movilidad y la convivencia. Cada solicitud activó visitas técnicas, verificaciones en terreno y articulación con dependencias sociales, jurídicas y ambientales para garantizar una atención oportuna.
Gracias a este seguimiento, se intervinieron 16 puntos estratégicos, entre ellos San Juan, la 70, Laureles, La Aguacatala y la avenida Guayabal, donde se lograron 29.368 acciones entre sensibilizaciones, incautaciones, ornato y recuperación de áreas públicas.
Durante los operativos, los equipos de control desmontaron 13.181 estructuras improvisadas, incluyendo cambuches, ocupaciones irregulares y elementos asociados a dinámicas que afectaban la convivencia, e incluso a actividades irregulares como almacenamiento indebido o venta informal no autorizada.
“El espacio público es de todos, y cada PQRS que respondemos es una muestra de autoridad, presencia y compromiso. La ciudadanía confía en nosotros para recuperar el orden en sus barrios y nuestras respuestas reflejan transparencia y gestión efectiva”, señaló el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.
El funcionario añadió que estas intervenciones han permitido prevenir escenarios propicios para hurtos menores y riesgos de seguridad, al tiempo que se refuerza la labor de vigilancia en zonas priorizadas.
La Administración Distrital anunció que continuará robusteciendo los equipos operativos en terreno, incrementará el seguimiento a las solicitudes ciudadanas y mantendrá la articulación interinstitucional para garantizar un espacio público limpio, seguro y funcional. Los comportamientos que infrinjan el Código Nacional de Seguridad y Convivencia seguirán siendo remitidos a las autoridades competentes para su trámite.
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