La Defensoría celebra que gracias a un acuerdo logrado con las comunidades indígenas de Risaralda, desde julio del año pasado no se ha registrado ningún hecho relacionado con mutilación genital femenina.
La Defensoría destaca el acuerdo alcanzado con el Consejo Autoridades Indígenas de Risaralda quienes se comprometieron a desarrollar actividades dirigidas a la erradicación de esta práctica cultural y con las que se busca educar a dicha comunidad indígena sobre las graves consecuencias de esta práctica.
Para la Defensora Delegada para la Población Indígena y las Minorías Étnicas, el diálogo intercultural promovido por la Defensoría y otras instituciones ha permitido que la comunidad inicie una postura diferente, un ejercicio de convencimiento interno, en el que se busca proteger la salud y la vida futura de las niñas de este pueblo, sin lesionar sus derechos culturales.
La Entidad reconoce el trabajo conjunto con las autoridades departamentales de Risaralda y municipales de Pueblo Rico que permitió que en el último semestre no se haya dado a conocer ningún caso de ablación en Colombia. Desde abril y julio del año pasado, cuando fueron reportados 11 casos de niñas que resultaron afectadas por mutilación genital, en los que 4 de ellas fallecieron, funcionarios de la Defensoría Regional Risaralda convocaron una mesa de trabajo cuyo propósito fue implementar medidas urgentes para evitar que estos hechos continuaran vulnerando los derechos de las indígenas.
Como resultado de los acuerdos a los que se llegó, se destaca el ingreso de enfermeras bilingües a los principales centros de atención del departamento de Risaralda, quienes acompañan el proceso de parto de las indígenas y las capacitan sobre los riesgos y las consecuencias de la ablación.
A pesar del optimismo y del gran avance con las autoridades indígenas, la Defensoría sigue siendo enfática en afirmar que a pesar de que la mutilación constituye una práctica cultural del pueblo embera chamí, es inaceptable en el marco del ordenamiento jurídico colombiano ya que el derecho a la vida, la integridad personal, la prohibición de sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes y los derechos de las niñas, prima sobre el derecho cultural de estas comunidades a la autodeterminación y la imposición de sus usos y costumbres.
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