Una grave crisis humanitaria y financiera sacude al sistema de salud en Antioquia. La Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento lanzó una alerta urgente por la situación que atraviesan 3 millones de antioqueños afiliados a entidades intervenidas por el Gobierno Nacional, quienes hoy enfrentan barreras críticas para acceder a medicamentos, remisiones y servicios básicos.
El caso más alarmante es el de la Nueva EPS, que cuenta con cerca de un millón de afiliados en la región. Según datos oficiales, su capacidad de respuesta ha caído de forma estrepitosa: mientras a inicios de 2024 cumplía con el 60% del acceso a servicios, bajo la actual intervención estatal esa cifra se desplomó al 20% en 2025. En términos prácticos, hoy solo uno de cada cinco pacientes recibe atención adecuada.
Medicamentos y remisiones: Un sistema paralizado
La falta de red prestadora es crítica. Actualmente, de los 125 municipios de Antioquia, solo 20 cuentan con contrato vigente para la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Además, la parálisis administrativa mantiene a 510 pacientes bloqueados sin poder ser remitidos a otras instituciones, de los cuales 192 pertenecen a dicha entidad.
Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario (e) de Salud departamental, señaló que esta ineficiencia está golpeando directamente la economía de los hogares. "Una familia que percibe un salario mínimo puede estar destinando cerca de $800.000 anuales de su bolsillo para costear medicamentos y consultas que la EPS no garantiza, a pesar de que el usuario ya paga su cotización obligatoria", explicó el funcionario.
Impacto humano y cierre de servicios
La crisis ha escalado a niveles de "crueldad humana", según Gustavo Adolfo Campillo, representante de Pacientes Colombia. Campillo denunció casos de pacientes trasplantados que, tras décadas de estabilidad, están perdiendo sus órganos por la falta de fármacos inmunosupresores en menos de un mes. "No es solo el paciente el que sufre, es todo su entorno familiar", sentenció.
A este panorama se suma el cierre de servicios de salud por falta de pago. En la última semana, instituciones de alto nivel como el Hospital Alma Mater (con una deuda superior a los $53.000 millones) y la Clínica CardioVID suspendieron la atención a usuarios de la Nueva EPS debido a los reiterados incumplimientos financieros.
Llamado al Gobierno Nacional
Ante lo que califican como fallas inaceptables, la Gobernación de Antioquia reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para que restablezca de inmediato el flujo de recursos hacia los hospitales y clínicas (IPS). La exigencia es clara: se requiere una gestión responsable que proteja el derecho fundamental a la vida y detenga el deterioro del tejido de salud en el departamento.
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