Con una inversión de $1.3 billones, Medellín hará realidad el metrocable de San Antonio de Prado

En un anuncio que marca un hito para la movilidad del suroccidente del Valle de Aburrá, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga presentó los detalles del nuevo proyecto de metrocable que conectará al corregimiento de San Antonio de Prado con la estación La Estrella del Metro. La obra, que se convertirá en el cable urbano más extenso de la ciudad con 5 kilómetros de longitud, busca saldar una deuda histórica con la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Con una inversión estimada de $1.3 billones de pesos, financiados en su totalidad con recursos del Distrito de Medellín, el proyecto contará con seis estaciones y tendrá la capacidad de movilizar a 2.700 pasajeros por hora en cada sentido. Durante la presentación, el mandatario local enfatizó que la obra se ejecutará sin dependencia de recursos nacionales: "Nosotros sí le cumplimos a la gente. Este proyecto no tiene ni un peso del Gobierno Nacional, es con recursos del Distrito", afirmó Gutiérrez.

Calidad de vida y ahorro para los ciudadanos

El impacto principal de esta "tercera vía" de acceso será la drástica reducción en los tiempos de viaje. Actualmente, los trayectos desde el parque de San Antonio de Prado hacia el sistema Metro pueden tardar hasta una hora; con el nuevo cable, el recorrido se reducirá a solo 20 minutos.

Además del ahorro en tiempo, se estima un beneficio económico directo para los usuarios. Según cálculos de la Administración Distrital, una persona que utilice el sistema integrado de transporte podría ahorrar cerca de $40.000 mensuales, lo que representa un alivio significativo para el presupuesto familiar. En total, se proyecta que más de 210.000 personas se verán beneficiadas por esta nueva línea comercial.

Detalles técnicos y cronograma

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde Escobar, destacó que el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad, evaluando aspectos técnicos, prediales y presupuestales bajo los principios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). Esta conexión no solo servirá a San Antonio de Prado, sino que integrará de forma más ágil a sectores de La Estrella e Itagüí con el resto del ecosistema de movilidad del Valle de Aburrá.

Hitos del proyecto:

• Extensión: 5 kilómetros (el más largo del sistema urbano).

• Capacidad: 30.000 usuarios diarios.

• Contratación: Prevista para el tercer trimestre de 2027.

• Construcción: Se estima un plazo de ejecución de 30 meses una vez iniciada la obra.

Con esta iniciativa, la Secretaría de Movilidad y la Gerencia de Proyectos Estratégicos reafirman su apuesta por una Medellín más conectada, donde la infraestructura de transporte público sea la herramienta principal para reducir las desigualdades territoriales y fomentar el bienestar social.

Crisis humanitaria en Antioquia: 3 millones de pacientes afectados por gestión de EPS intervenidas

Una grave crisis humanitaria y financiera sacude al sistema de salud en Antioquia. La Secretaría de Salud e Inclusión Social del departamento lanzó una alerta urgente por la situación que atraviesan 3 millones de antioqueños afiliados a entidades intervenidas por el Gobierno Nacional, quienes hoy enfrentan barreras críticas para acceder a medicamentos, remisiones y servicios básicos.

El caso más alarmante es el de la Nueva EPS, que cuenta con cerca de un millón de afiliados en la región. Según datos oficiales, su capacidad de respuesta ha caído de forma estrepitosa: mientras a inicios de 2024 cumplía con el 60% del acceso a servicios, bajo la actual intervención estatal esa cifra se desplomó al 20% en 2025. En términos prácticos, hoy solo uno de cada cinco pacientes recibe atención adecuada.

Medicamentos y remisiones: Un sistema paralizado

La falta de red prestadora es crítica. Actualmente, de los 125 municipios de Antioquia, solo 20 cuentan con contrato vigente para la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS. Además, la parálisis administrativa mantiene a 510 pacientes bloqueados sin poder ser remitidos a otras instituciones, de los cuales 192 pertenecen a dicha entidad.

Diego Alejandro Villa Valderrama, secretario (e) de Salud departamental, señaló que esta ineficiencia está golpeando directamente la economía de los hogares. "Una familia que percibe un salario mínimo puede estar destinando cerca de $800.000 anuales de su bolsillo para costear medicamentos y consultas que la EPS no garantiza, a pesar de que el usuario ya paga su cotización obligatoria", explicó el funcionario.

Impacto humano y cierre de servicios

La crisis ha escalado a niveles de "crueldad humana", según Gustavo Adolfo Campillo, representante de Pacientes Colombia. Campillo denunció casos de pacientes trasplantados que, tras décadas de estabilidad, están perdiendo sus órganos por la falta de fármacos inmunosupresores en menos de un mes. "No es solo el paciente el que sufre, es todo su entorno familiar", sentenció.

A este panorama se suma el cierre de servicios de salud por falta de pago. En la última semana, instituciones de alto nivel como el Hospital Alma Mater (con una deuda superior a los $53.000 millones) y la Clínica CardioVID suspendieron la atención a usuarios de la Nueva EPS debido a los reiterados incumplimientos financieros.

Llamado al Gobierno Nacional

Ante lo que califican como fallas inaceptables, la Gobernación de Antioquia reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para que restablezca de inmediato el flujo de recursos hacia los hospitales y clínicas (IPS). La exigencia es clara: se requiere una gestión responsable que proteja el derecho fundamental a la vida y detenga el deterioro del tejido de salud en el departamento.

Nueva sede administrativa y judicial del Ejército: Medellín apuesta por la modernización institucional

En un paso clave para la consolidación de la seguridad y la articulación institucional, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, realizó la entrega oficial de una nueva y moderna sede para la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. La obra, ubicada en el occidente de la ciudad (Carrera 76 con Calle 50), contó con una inversión aproximada de $20.000 millones.

Esta infraestructura estratégica tiene como objetivo potenciar las capacidades de la Justicia Penal Militar, el Centro de Familia Militar y el Archivo Central de la unidad. Gracias a este nuevo espacio, la fuerza pública podrá optimizar sus procesos documentales y administrativos, garantizando una atención más eficiente tanto para sus integrantes como para la comunidad.

Infraestructura de vanguardia para la justicia

El proyecto, ejecutado mediante un contrato interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), consistió en la construcción de un edificio de 1.546 metros cuadrados. La estructura está compuesta por dos bloques de tres niveles, interconectados por puentes metálicos, y está dotada con:

• Salas de audiencias y consultorios especializados.

• Zonas de atención al usuario y oficinas administrativas.

• Áreas técnicas para archivo documental con mobiliario especializado.

• Sistemas avanzados de telecomunicaciones y redes hidrosanitarias.

Compromiso con la institucionalidad

Durante el acto de entrega, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, resaltó que el fortalecimiento de las instituciones es una pieza fundamental en el rompecabezas de la seguridad ciudadana.

"Seguimos invirtiendo en infraestructura estratégica para que nuestras instituciones cuenten con mejores herramientas y espacios que permitan responder con mayor eficacia a las necesidades de seguridad y justicia en Medellín. Cuando fortalecemos las capacidades de nuestras instituciones, fortalecemos la seguridad de la ciudad", afirmó Villa Mejía.

Impacto en la gestión operativa

Con la entrada en operación de estas instalaciones, el Ejército Nacional asume el control de un complejo que no solo moderniza la gestión de sus procesos judiciales, sino que también dignifica la labor de quienes trabajan en estas áreas estratégicas. Esta obra se suma a las inversiones del Distrito orientadas a consolidar a Medellín como un referente en integración territorial y convivencia ciudadana, apoyada en una justicia militar ágil y bien equipada.

Microempresas en Colombia: El desafío de crecer y generar empleo en un entorno de alta inflación

En Colombia, emprender no es solo una opción de vida, es un acto de resistencia. Según datos recientes del DANE (EMICRON) y Confecámaras, el país cuenta con más de 5,5 millones de micronegocios, los cuales representan el 94,3% del tejido empresarial. Estas unidades productivas se han convertido en el verdadero motor del mercado laboral, aportando cerca del 79% del empleo total, permitiendo que la tasa de desocupación en las principales áreas metropolitanas se sitúe en un histórico 9,2%.

Sin embargo, este panorama de resiliencia se enfrenta a uno de los contextos macroeconómicos más complejos de la última década. Con una inflación nacional del 5,56% en marzo de 2026 —y cifras aún más preocupantes en Medellín, donde alcanzó el 6,39%—, los microempresarios lidian con el encarecimiento simultáneo de alimentos, servicios de salud y educación.

Un ecosistema de contrastes

A pesar de su importancia, la supervivencia sigue siendo el principal reto. Durante el primer semestre de 2025, por cada 100 empresas creadas, 138 cerraron sus puertas, especialmente en regiones clave como Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. La informalidad, que afecta a más del 55% de la fuerza laboral, sigue condicionando el crecimiento, pues aunque la formalización aumenta la probabilidad de supervivencia (44% frente al 30% en personas naturales), los costos financieros y tributarios suelen ser una barrera de entrada casi infranqueable.

El acceso al financiamiento es otro punto crítico. Con tasas de interés del Banco de la República situadas en el 11,25% y una reciente rebaja en la calificación crediticia del país por parte de S&P Global Ratings, el crédito formal se ha vuelto costoso y selectivo.

El conocimiento: La clave para no "decidir a ciegas"

Frente a este escenario, organizaciones como Interactuar han enfatizado que el capital por sí solo no garantiza la permanencia. En 2025, la corporación atendió a más de 55 mil empresarios, brindando formación técnica y gestión empresarial a más de 21 mil de ellos bajo un modelo que combina crédito con acompañamiento.

"Emprender hoy es enfrentar retos constantes como el alza de costos y las tasas de interés. Si usted no sabe cuánto le cuesta operar o cuánto necesita para ser rentable, está tomando decisiones a ciegas”, afirma Daniel Montoya, fundador de Didactikamente, quien ha logrado optimizar su operación gracias a este modelo de asesoría integral.

Hacia una política pública real

La sostenibilidad de estos negocios no solo depende de la agilidad del emprendedor, sino también de la estabilidad fiscal del Estado. Con un déficit proyectado del 5,6% del PIB para 2026, el margen de inversión en infraestructura y educación —vitales para el entorno empresarial— se reduce significativamente.

El mensaje del sector es claro: para que la microempresa siga transformando la economía "desde abajo", se requieren políticas públicas inteligentes y un ecosistema que entienda que proteger al pequeño comerciante es, en última instancia, proteger la cohesión social y el progreso de Colombia.