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lunes, 18 de julio de 2016

Reducir conflictos ambientales, tarea pendiente en Colombia

imageDe acuerdo con el mapa mundial de justicia ambiental, Colombia se ubica en el segundo puesto entre los países con mayor cantidad de conflictos ambientales reportados, gran parte de estos derivan de las actividades de extracción mineroenergética.

Según explicó Santiago Malaver, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el país en los últimos años ha basado su discurso de desarrollo económico en la locomotora mineroenergética, donde básicamente se cambia el modelo económico de uno agroindustrial a uno extractivista comercial.

Sin embargo, ante esta locomotora extractiva también se han presentado resistencias por parte de las comunidades afectadas. Esto ha generado bastantes y recurrentes movilizaciones de la ciudadanía para oponerse a tal modelo.

Por ejemplo, los campesinos de Valparaíso (Caquetá) marcharon para rechazar la explotación de petroleó a través de fracking en su municipio.

En Colombia desde el año 1961 ha decrecido la biocapacidad, es decir, la capacidad de un área biológicamente productiva de generar un abastecimiento de recursos y absorber los desechos resultantes de su consumo. Debido a esto, se han cuestionado las implicaciones de la locomotora extractivista que, según los expertos en medioambiente, desde que en el país aumentó la minería, los efectos ambientales por la extracción de estos materiales son irreversibles.

Entre las consecuencias más devastadoras se encuentra la contaminación de las aguas y el aire, la pérdida del suelo y la biodiversidad y la generación de grandes cantidades de residuos.

A eso se suma, según el investigador Malaver, la deuda ecológica, entendida como la deuda acumulada por países industrializados respecto a países del tercer mundo, afectados por el saqueo de recursos, los daños ambientales, la ocupación de espacios para depositar desechos, entre otros.

Asimismo, resaltó la importancia de generar conciencia desde lo micro, en la que participarían sujetos, familias y pequeñas organizaciones que deben identificar qué aportes aumentan la sustentabilidad y propenden por mantener un uso de recursos moderado.

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