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jueves, 5 de diciembre de 2019

Medellín cuenta con la primera política pública del país para proteger a propietarios, arrendatarios y moradores

- Con esta se busca dar prelación a los derechos de la comunidad con respecto a los impactos propios de las obras públicas e intervenciones urbanísticas que se ejecuten en Medellín.
- Esta iniciativa que nació del Plan de Ordenamiento Territorial fue aprobada hoy por el Concejo con 19 votos a favor.



Medellín tiene nueva Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas que es considerada una iniciativa pionera a nivel nacional. Esta herramienta, construida por la Administración Municipal en convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, fue analizada durante siete meses por el Concejo, el cual la aprobó este miércoles, 4 de diciembre.

Entre sus principales beneficios está el hecho de generar las condiciones normativas para garantizar que ninguna obra pública o transformación urbanística que se ejecute en la ciudad desmejore las condiciones actuales de los moradores; así mismo, se posibilita el derecho de permanencia en el territorio como prioridad o lineamiento al momento de formular un proyecto de este tipo.

Esta iniciativa, que nació del Plan de Ordenamiento Territorial o Acuerdo Municipal 048 de 2014, señala que los impactos a moradores deberán establecerse según las particularidades étnicas, de origen y sexo de la población, lo que permitirá una atención integral y eficiente para las comunidades.

“Es muy importante que Planeación sea el que lidere este proceso, porque estamos rescatando el Estado que planifica y no solo el Estado que gestiona. Lo interesante es que la política pública hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial, es decir, de un ejercicio de planeación y no meramente de gestión”, resaltó la docente de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional, Ana Lida Rincón Patiño.

La Administración Municipal avanzó en la consolidación de los instrumentos que permiten la ejecución de esta política pública y elaboró el protocolo en el que se plantea cómo debe ser la participación y la información en cada momento de las intervenciones, los roles, las competencias y las funciones con respecto a la protección.

La formulación se hizo entre 2016 y 2018 y participaron aproximadamente 1.800 moradores de proyectos estratégicos para Medellín como Ciudadela Nuevo Occidente, Tranvía de Ayacucho, Naranjal, Moravia y Túnel de Occidente.

Estuvieron, además, las corporaciones Antioquia Presente, Con-vivamos, Nuestra Gente y Región, entre otras; representantes del sector privado como Acopi, Cámara de Comercio de Medellín y Proantioquia, y entidades públicas como EPM, Empresa de Desarrollo Urbano -EDU, Metroplús y la Personería.

Por Viviana Escorcia Cardona

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