Gobernador de Antioquia demanda ante el Consejo de Estado resolución que libera a 23 cabecillas criminales

En una contundente acción jurídica y política, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, radicó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad con solicitud de medida cautelar contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026. Dicha normativa, emitida por la Fiscalía General de la Nación, suspende las órdenes de captura de 23 de los cabecillas delincuenciales más peligrosos con injerencia en el departamento.

​Desde la capital del país, el mandatario departamental advirtió sobre el riesgo inminente que esta decisión representa para la seguridad ciudadana, especialmente en el Valle de Aburrá y el Altiplano de San Nicolás. Rendón comparó el impacto de esta medida con la zona de distensión del Caguán, señalando que criminales de alto perfil podrán retornar a los territorios donde han sembrado terror a través de homicidios, extorsiones y secuestros.

​Duras críticas al Gobierno Nacional

​Durante su intervención, el Gobernador no ahorró calificativos para describir la situación actual de seguridad y justicia en el país, comparándola con el histórico proceso 8.000. “Si durante el proceso 8.000 se decía que al Palacio se había metido un elefante, aquí con alias ‘Pitufo’, con ‘Calarcá’ y con la UIAF, lo que se metió al Palacio de Nariño fue el Jurassic Park entero”, puntualizó de manera tajante.

​Rendón enfatizó que la resolución no solo pone en riesgo la tranquilidad pública, sino que también podría derivar en un constreñimiento al electorado dado el contexto político actual.

​Cuestionamiento a la separación de poderes

​Uno de los argumentos centrales de la demanda es la presunta extralimitación de funciones por parte de la Fiscalía. Según el mandatario, la resolución violenta la separación de poderes, puesto que la mayoría de los 23 criminales beneficiados —entre los que figuran alias “Tom” y alias “El Montañero”, cabecilla de la organización “El Mesa”— ya cuentan con condenas en firme.

​“La Fiscal se mete en una jurisdicción que no es de su competencia. La suspensión de la pena solo le correspondía a un juez de ejecución de penas”, argumentó el Gobernador, subrayando que estos delincuentes están siendo dejados en libertad temporal sin una hoja de ruta clara sobre su papel en eventuales procesos de paz.

​La acción de nulidad ha sido asignada al despacho del magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, quien deberá decidir sobre la medida cautelar que busca suspender de inmediato los efectos de la polémica resolución.