Con el propósito de blindar el derecho constitucional a la movilización pacífica y establecer límites claros frente a las alteraciones del orden público, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, oficializó la expedición del Decreto 1525 de 2026. La norma reglamenta la intervención y el protocolo de actuación de la Policía Nacional ante situaciones de violencia, vandalismo o bloqueos viales que vulneren las libertades de la ciudadanía.
Al dar a conocer la medida, el Jefe de Estado fue categórico al señalar que el orden y la legalidad imperarán frente a los abusos bajo la fachada de protesta:
"¡Cumplí mi palabra y aquí está el Decreto! En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!", expresó el Mandatario.
Nuevas reglas para el uso de la fuerza y el diálogo
El Decreto 1525 modifica el protocolo de actuación de la institución policial, dotando a los uniformados de directrices precisas para diferenciar entre la manifestación legítima y las vías de hecho que atentan contra la tranquilidad nacional. El articulado busca garantizar que las autoridades actúen de manera oportuna frente a desmanes, protegiendo tanto a los manifestantes pacíficos como a los bienes públicos y privados.
Enérgico en su declaración institucional, el Presidente remarcó que las garantías ciudadanas no pueden subordinarse a intereses particulares:
"¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera! El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz".
Con esta disposición, el Gobierno Nacional busca asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas, académicas y cotidianas del país, reafirmando que la fuerza del Estado se aplicará con firmeza ante cualquier intento de desestabilización u obstrucción sistemática de las vías públicas.
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