En un nuevo balance presentado por la Administración Distrital, se dio a conocer que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante el periodo 2020-2023 ya suman 666 hallazgos, lo que representa 165 casos adicionales frente a los 501 identificados inicialmente. Las indagaciones apuntan a que los contratos presuntamente direccionados superan el $1 billón.
Durante la presentación de las cifras, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga señaló que el detrimento y el desvío de recursos afectaron transversalmente a múltiples dependencias y entidades del Distrito. “No hubo una sola entidad del Distrito donde no metieran la mano”, afirmó el mandatario, al detallar chats, evidencias de lujos y presuntas redes de corrupción que habrían operado durante la administración pasada.
Avances judiciales y cooperación internacional
Los procesos adelantados por la Fiscalía General de la Nación y las autoridades competentes han permitido recopilar más de 13.000 elementos probatorios, con el respaldo de 157 testigos y 97 peritos. Hasta el momento, el balance judicial deja:
55 personas imputadas
3 capturas
1 condena
7 destituciones e inhabilidades
25 medidas de extinción de dominio
4 principios de oportunidad y 2 preacuerdos
Asimismo, la Administración Distrital indicó que entregó información relevante a agencias de investigación de Estados Unidos para rastrear capitales presuntamente desviados hacia Panamá y Norteamérica, lo que podría derivar en futuros pedidos de extradición.
Impacto de los recursos comprometidos y entidades involucradas
El billón de pesos comprometido en presuntas irregularidades contractuales equivaldría, según cálculos del Distrito, a financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 niños, atender a 80.000 menores y 12.000 madres gestantes en Buen Comienzo, construir 10 megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda.
Las presuntas irregularidades detectadas abarcan diferentes frentes institucionales:
Afinia: Investigaciones por la presunta venta de la gerencia de la filial de EPM en la Costa Caribe por ocho millones de dólares para influir en la contratación.
Área Metropolitana y Bomberos de Itagüí: Contratos por más de $18.000 millones destinados a emergencias durante la pandemia que habrían presentado direccionamiento y sobrecostos.
Inder y Metroparques: Indagaciones por sobrecostos superiores a $3.700 millones en implementos deportivos, retiros en efectivo cercanos a $8.000 millones y contratos interadministrativos direccionados por cerca de $200.000 millones.
Parque de las Aguas y Zonas Verdes: Contratos de mantenimiento por más de $22.000 millones con presunto uso de empresas sin experiencia y un detrimento superior a $2.790 millones, además de hallazgos en la contratación de zonas verdes por $5.250 millones.
Buen Comienzo: Imputaciones a tres personas por modificaciones en requisitos de contratación de alimentación infantil que habrían generado un detrimento superior a $1.420 millones.
Finalmente, el alcalde destacó que, bajo los principios de austeridad y transparencia fiscal, la ciudad ha recuperado la confianza institucional y financiera —reflejada en la mejora de la perspectiva de calificación por parte de Fitch—, permitiendo mantener más de 1.800 obras en marcha en todo el territorio distrital.
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