El Ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló los principales lineamientos del proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el Gobierno Nacional radicará próximamente ante el Congreso de la República, y que actualmente se encuentra en fase de revisión por parte de la Presidencia. La iniciativa se fundamenta en una aplicación reforzada de la Ley 418, orientada a convertirse en una política de Estado de largo plazo que descarta cualquier tipo de concesión política a las estructuras al margen de la ley.
Durante una entrevista con la revista Semana, el titular de la cartera enfatizó que la propuesta no contempla mesas de diálogo, negociaciones, estatus político ni zonas de concentración para los grupos ilegales. Cancino subrayó que la interlocución solo podrá realizarse a través de abogados ajenos a las organizaciones y precisó que los integrantes de las bandas no tendrán injerencia en la redacción del texto normativo.
Límites a rebajas de penas y protagonismo de las víctimas
El articulado plantea topes específicos en los beneficios judiciales ordinarios: las rebajas de pena no podrán exceder el 30 % para cabecillas, mientras que para los integrantes rasos el margen máximo será de hasta el 50 %, sujeto a estrictas condiciones probatorias.
Asimismo, se eleva la exigencia para acceder a la libertad condicional de las tres quintas partes ordinarias al cumplimiento efectivo de las cuatro quintas partes de la condena, condicionado obligatoriamente al concepto favorable de las víctimas. Para obtener este y otros beneficios, los postulados deberán esclarecer la verdad, reparar integralmente los daños, entregar armas, recursos y rutas de actividades ilícitas, así como aportar coordenadas de personas desaparecidas y liberar secuestrados.
En el plano patrimonial, los integrantes que decidan acogerse deberán entregar la totalidad de los bienes y recursos adquiridos ilícitamente, sin posibilidad de conservar ningún porcentaje. La normativa prevé la exclusión inmediata y el traslado a la justicia ordinaria si se detecta el ocultamiento de activos.
Régimen penitenciario, extradición y control del orden público
El proyecto no contempla tribunales especiales ni centros de reclusión diferenciados; los procesos continuarán bajo la órbita de fiscales y jueces ordinarios, y los condenados pagarán sus penas en cárceles convencionales. En esta línea, el Ministerio proyecta la implementación de «cárceles productivas» mediante esquemas de alianzas público-privadas en predios gestionados con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), además de un pabellón piloto de máxima seguridad en la penitenciaría de Girón para cortar comunicaciones delictivas.
Cancino aclaró que el sometimiento no suspenderá órdenes de captura activas ni solicitudes de extradición vigentes, las cuales continuarán su curso normal. Igualmente, descartó decretar ceses al fuego bilaterales y reafirmó la persecución operativa por parte de la Fuerza Pública.
Finalmente, el funcionario confirmó la adopción de programas de aspersión terrestre, mediante drones y aérea para la erradicación de cultivos de uso ilícito bajo parámetros judiciales y ambientales, y señaló que, respetando la autonomía universitaria, la Fuerza Pública intervendrá excepcionalmente en recintos educativos cuando se presenten riesgos inminentes contra la vida, artefactos explosivos o afectaciones graves al orden público.
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