Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias que invierten en proyectos inmobiliarios y detectar a tiempo posibles riesgos de quiebra o incumplimiento, la Alcaldía de Medellín endureció el seguimiento a las empresas y personas dedicadas a la comercialización de propiedad raíz en la ciudad.
A través de la Circular Nro. 202660000113 de 2026, emitida por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, los 466 enajenadores de viviendas inscritos en el Distrito quedaron obligados a presentar sus estados financieros de propósito general y documentos complementarios antes del primer día hábil de julio de cada año. La administración advirtió que quienes incumplan con este requerimiento de transparencia se enfrentarán a sanciones económicas diarias por cada jornada de retraso.
Prevención del riesgo inmobiliario
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó el alcance de la medida: "Contar con su información financiera nos permite detectar a tiempo problemas que puedan afectar los proyectos de vivienda, identificar irregularidades y proteger el dinero de los compradores". El funcionario enfatizó que el Distrito cuenta con facultades legales estrictas que van desde la imposición de multas por el retraso de los informes, hasta la intervención directa de las empresas si se evidencia que está en riesgo el derecho a una vivienda digna o los ahorros de los usuarios.
La norma aclara que la obligación se dará por cumplida de manera anticipada si la constructora o enajenador ya había aportado dichos documentos contables dentro de un trámite previo de radicación de ventas antes del vencimiento del plazo estipulado.
Asesoría para los compradores
Paralelamente a esta fiscalización, la Secretaría de Gestión y Control Territorial recordó que dispone de un canal de atención y orientación para los ciudadanos que ya adquirieron inmuebles y enfrentan problemas con los desarrolladores. Entre los casos más comunes que atiende el Distrito se encuentran deficiencias constructivas en las estructuras, retrasos injustificados en las entregas, alteración de las condiciones inicialmente ofrecidas en la venta, insolvencia económica del constructor o la falta del radicado de ventas obligatorio para poder comercializar.
Quienes requieran asesoría técnica o jurídica antes de firmar una promesa de compraventa, o deseen reportar anomalías con un proyecto en ejecución, pueden acercarse al piso 9 del Edificio Plaza de la Libertad para recibir atención presencial y especializada.
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