El terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 reabrió el debate técnico y jurídico sobre la efectividad y el cumplimiento de las normas de sismorresistencia en Colombia. Aunque la ingeniería sísmica del país cuenta con códigos calificados como suficientes y homologados a estándares internacionales de Japón, Estados Unidos y México, el colapso de construcciones relativamente nuevas encendió las alertas de autoridades y académicos.
La tragedia dejó un saldo de 331 personas fallecidas en 17 municipios de siete departamentos, afectando a cerca de 306.000 familias y dejando más de 36.000 viviendas destruidas, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En Cali, la ciudad más golpeada con 154 víctimas mortales y 24 edificaciones derrumbadas, el alcalde Alejandro Éder anunció investigaciones para determinar si existieron irregularidades o malas prácticas constructivas.
De Popayán a la nueva norma AIS 100-24
La regulación sismorresistente nacional nació formalmente tras el terremoto de Popayán de 1983 mediante el Decreto Ley 1400 de 1984. Posteriormente, la Ley 400 de 1997 permitió actualizar los reglamentos por decreto, dando paso a la actual NSR-10, expedida luego del terremoto del Eje Cafetero de 1999. Actualmente, el Gobierno Nacional y la Comisión Asesora Permanente ultiman los detalles de la nueva actualización: la AIS 100-24.
Juan Andrés Oviedo, expresidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, y el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, coincidieron en que los códigos son eficientes: las estructuras diseñadas y levantadas bajo los parámetros técnicos resisten y salvan vidas, aunque puedan sufrir afectaciones que obliguen a su demolición posterior. El problema de fondo no radica en la fórmula matemática, sino en la supervisión de la obra terminada.
El eslabón débil: control, curadurías e informalidad
Para Juan Guillermo Zuluaga, investigador del grupo Derecho y Territorio de la Universidad de Antioquia, la mayor vulnerabilidad está en la cadena de vigilancia:
“Una cosa es que existan diseños y que sean muy buenos, pero ¿quién garantiza que se construyó conforme a ellos? El problema es el control de la norma. Ella sola no se vigila, tiene que haber una entidad que lo haga”, señaló Zuluaga, recordando el precedente judicial del edificio Space en Medellín, donde curaduría y administración municipal fueron declaradas responsables por omisión y falta de control.
A este escenario se suma la informalidad. En un país donde el 83 % de la población habita en zonas de alta amenaza sísmica, miles de familias levantan sus viviendas mediante autoconstrucción y sin licencias. Ante esto, el ingeniero sísmico Juan Diego Jaramillo plantea aprovechar la formación del Sena para capacitar a oficiales y maestros de obra en reglas básicas pero eficaces: dimensionamiento adecuado de columnas, amarres de vigas y especificaciones de losas.
Claves para comprar o habitar una vivienda segura
Especialistas en ingeniería y planeación urbana recomiendan cinco pasos esenciales para verificar la seguridad sismorresistente de un inmueble:
Verificar la licencia de construcción: Confirmar que la edificación cuente con los permisos radicados y autorizados conforme a la normatividad técnica vigente.
Revisar antecedentes: Consultar el historial y la reputación de la firma constructora, los calculistas y la interventoría técnica.
Exigir soportes técnicos: Solicitar los estudios de suelos, especificaciones de materiales y certificaciones de supervisión estructural independiente.
Validar las pólizas: Desde 2022, las viviendas nuevas en Colombia cuentan con un seguro decenal obligatorio contra daños estructurales por 10 años.
Capacitación en autoconstrucción: En caso de reformas o construcciones por autogestión, contratar personal calificado o egresados certificados por el Sena.
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