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lunes, 12 de octubre de 2026

Con una inversión de 800 mil millones de pesos, impulsan la conectividad en el Oriente, Suroeste y Urabá antioqueño

Con el propósito de reducir el rezago en infraestructura vial y acelerar la ejecución de obras estratégicas en el departamento, la Asamblea de Antioquia aprobó el Proyecto de Ordenanza 37 de 2026, el cual establece un plan de obras de interés público financiadas a través de la contribución por valorización.

La iniciativa contempla el desarrollo de 78 kilómetros de recorrido distribuidos en tres subregiones antioqueñas, con una inversión estimada en 800 mil millones de pesos. Las obras autorizadas provienen de estudios de prefactibilidad respaldados por la Universidad Nacional y la Lonja de Propiedad Raíz, y comprenden los siguientes corredores:

  • Oriente: Vía El Canadá – El Carmen de Viboral (5,8 km) y La Unión – El Carmen de Viboral (18,8 km).

  • Suroeste: Eje Jericó – Bueno Aires – La Bodega (16,4 km).

  • Urabá: Corredor Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde (35,53 km).

El secretario de Infraestructura Física, Sebastián Castaño Gómez, destacó el alcance de la medida: "Logramos que la Asamblea Departamental nos autorizara avanzar en el proceso para pasar de los estudios de prefactibilidad a los de factibilidad en tres de las subregiones del departamento. En total son 78 kilómetros de recorrido, con una inversión cercana a los 800 mil millones de pesos".

Urgencia logística para la región de Urabá

Por su parte, el alcalde de Carepa, Agapito Murillo Palacios, enfatizó la importancia estratégica de estas obras ante el dinamismo comercial que proyecta la región: "Las vías que hay ahora en la subregión de Urabá no son suficientes para la dinámica de transporte que va a haber en Puerto Antioquia. Estas vías resuelven el problema porque descongestionarían la logística portuaria. Por eso esta obra es la puerta al desarrollo, a la industrialización y a las oportunidades".

Esquema de exenciones y equidad tributaria

El proyecto aprobado incluye excepciones al régimen general diseñadas para proteger a las poblaciones vulnerables y sectores específicos que carezcan de beneficio económico directo. Entre los actores exentos del pago se encuentran:

  • Viviendas VIS, VIP y predios de estratos 1, 2 y 3.

  • Pequeños productores de economía campesina y minifundios por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

  • Adultos mayores, mujeres cabeza de familia, población víctima y retornada inscrita en el RUV, y personas en procesos de restitución de tierras.

  • Predios ubicados en centros históricos, talleres artesanales y pequeña industria tradicional.

  • Instituciones de utilidad pública (juntas de acción comunal, organismos de socorro, salud, educación y cultura), usos sociales y agropecuarios afectados por los trazados.

  • Predios con restricciones ambientales, viviendas evacuadas por el sismo del 10 de agosto de 2026, y afectados por fuerza mayor o caso fortuito.

Siguientes pasos y veeduría ciudadana

Como parte de la implementación, la Administración Departamental adelantará jornadas de socialización en las zonas de influencia y promoverá la elección de una Junta de Propietarios para concluir los estudios de factibilidad. Adicionalmente, la Asamblea ordenó la conformación de una comisión accidental para realizar un seguimiento riguroso a todo el proceso.

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