El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó la ejecución de un megaoperativo de registro y control penitenciario con el despliegue de 300 funcionarios del Inpec y de la Policía Nacional en el establecimiento de máxima seguridad El Barne, intervención que permitió desmantelar redes de comunicación ilegal e incautar abundante material delictivo en poder de los internos.
Durante las minuciosas labores de inspección en los pabellones, las autoridades decomisaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM y 91 armas cortopunzantes.
Balance de elementos decomisados y bloqueo a la extorsión
El balance consolidado por el mandatario evidenció el nivel de comodidades irregulares que manejaban los reclusos para coordinar delitos hacia el exterior del penal:
Conectividad y tecnología: 24 dispositivos wifi y diversos aparatos tecnológicos de enlace.
Recursos y sustancias ilegales: Más de 7 millones de pesos en efectivo, varios kilogramos de cocaína y marihuana.
Bienes prohibidos: 800 litros de licor artesanal y múltiples piezas de joyería en oro.
Ante los resultados calificados como "contundentes", el jefe de Estado advirtió que la política carcelaria de su administración no tolerará ventajas de ningún tipo:
“Se les acabó la fiesta a los delincuentes que pretenden seguir operando desde las prisiones (...) Cárcel es cárcel, y estos no son centros de operaciones criminales ni lugares de privilegios para los delincuentes. He dado una orden clara: cerrarles el paso a las redes criminales que pretenden seguir extorsionando, amenazando y coordinando delitos desde los establecimientos penitenciarios”.
Cero tolerancia y combate a la corrupción
De La Espriella enfatizó que la recuperación de la disciplina en los centros penitenciarios de todo el país continuará con inspecciones sorpresivas y acciones directas para desarticular la complicidad interna:
“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles. En la Patria Milagro, la ley se respeta y la autoridad se ejerce sin titubeos”.
Con este despliegue en Cómbita, el Gobierno ratifica la directriz de neutralizar las cadenas de extorsión y delitos carcelarios que impactan la seguridad en las regiones de Colombia.
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