Con el objetivo de prevenir el hurto a personas y motocicletas en Medellín, la Alcaldía y la Policía Metropolitana pusieron en marcha el Plan Madriguera, una estrategia innovadora que actúa directamente sobre los puntos donde se originan y refugian estructuras delincuenciales, en lugar de enfocarse únicamente en los lugares donde se cometen los delitos.
Esta intervención se concentra en 21 puntos críticos de las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez) y 8 (Villa Hermosa), sectores identificados como epicentros del crimen urbano. Allí, según las autoridades, se esconden vehículos robados, se planifican actos delictivos y operan redes asociadas a delitos como el homicidio y el hurto.
“El Plan Madriguera nace del análisis territorial y criminal que nos permitió identificar que muchos de los hurtos cometidos en sectores como Laureles, El Poblado y Belén tienen origen en puntos específicos del nororiente de Medellín. Estos lugares actúan como verdaderas madrigueras de estructuras delincuenciales”, explicó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.
La estrategia tuvo un piloto inicial en la zona nororiental, donde se reportó una reducción inmediata del hurto durante la jornada de intervención. A partir de estos resultados, se consolidó como una política preventiva de seguridad basada en inteligencia territorial, georreferenciación del delito y presión operativa.
El nombre “Madriguera” surge a partir del análisis de alias criminales como “La Rata” y otras denominaciones comunes en la jerga delincuencial, lo que permitió establecer patrones territoriales para focalizar los operativos.
“La seguridad no solo se ejerce con presencia institucional, sino con inteligencia estratégica. Este plan nos permite anticiparnos, generar presión sobre los criminales y recuperar el control de zonas históricamente afectadas. Estamos marcando una línea roja. Sabemos quiénes son, dónde están y no vamos a permitir que sigan delinquiendo”, concluyó Villa Mejía.
Con esta estrategia, la administración municipal refuerza su compromiso con la transformación de los territorios más golpeados por la criminalidad y avanza hacia un modelo de seguridad preventiva, focalizada y sostenible.
Cada institución participante conformará un Comité Ambiental Escolar, integrado por estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad, que actuará como órgano asesor para detectar problemáticas locales y diseñar soluciones sostenibles. Las acciones se alinearán con el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y podrán integrarse al Proyecto Educativo Institucional (PEI).