Avanza proyecto de construcción del centro de detención transitorio en Tarazá para aliviar sobrepoblación carcelaria en el Bajo Cauca Antioqueño

En un esfuerzo conjunto entre entidades del orden nacional, departamental, municipal y de cooperación internacional, avanza significativamente el proyecto de construcción del centro de detención transitorio en Tarazá, destinado a aliviar la sobrepoblación carcelaria en el Bajo Cauca Antioqueño.

Los recursos financieros, alcanzando la suma de 1.5 millones de dólares, provienen de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos. Este ambicioso proyecto se propone mejorar las condiciones de hacinamiento en las estaciones de policía de la región, brindando así un entorno más digno y seguro para los internos.

El compromiso de las autoridades locales y nacionales se vio reflejado en el primer encuentro de socialización realizado en Medellín, donde se establecieron líneas de esfuerzo conjuntas. Entre los participantes se destacaron la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Justicia, los alcaldes del Bajo Cauca Antioqueño, Asocapitales, la Regional de Planeación y Gestión del Bajo Cauca (RPG), y la mencionada Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos.

El General en retiro, Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, expresó el compromiso de la Gobernación de Antioquia en mejorar las condiciones carcelarias en la región, destacando los desafíos actuales que enfrenta el panorama penitenciario del departamento.

Por su parte, Elizabeth Powers, jefe de la división de Estado de Derecho y Aplicación de la Ley de INL, reiteró el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos a esta iniciativa, enfatizando en la importancia de solucionar la problemática de sobrepoblación en las comisarías para promover comunidades rurales más seguras y comprometidas con la legalidad.

Paula Polo, directora de Paz de la Secretaría de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, resaltó la estrategia de seguridad como una oportunidad para beneficiar a todos los municipios, haciendo especial hincapié en los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en zonas como Tarazá, Cáceres y Valdivia, donde la actividad ilícita es predominante.