Tras los recientes pronunciamientos del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli —quien remitió el oficio PRS-239-2026 a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la opinión pública alertando sobre un presunto riesgo a la autonomía del tribunal por el debate presupuestal en el Congreso—, el presidente de la República fijó una postura tajante frente a la destinación de los dineros públicos.
El mandatario rechazó que las discusiones del Presupuesto General de la Nación representen una amenaza a la independencia de los jueces o un incumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia, calificando los ajustes fiscales como un ejercicio constitucional y de responsabilidad ante la estrechez de las finanzas del Estado.
Balance fiscal y cuestionamientos a la gestión
En su pronunciamiento, el jefe de Estado recordó que desde 2018 la JEP ha recibido del erario más de tres billones de pesos, precisando que en 2025 se le asignaron 777.069 millones de pesos y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones. Para la vigencia 2027, frente a una solicitud de la entidad por 947.642 millones de pesos, el proyecto presupuestal le proyectó 821.803 millones.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal. No acepto que cada peso no aprobado se presente como un castigo. Los recursos públicos no son infinitos”, puntualizó el gobernante, quien exigió al tribunal transicional explicar los criterios de planeación, priorización del gasto y los resultados concretos frente al tamaño de su aparato administrativo, cuya nómina en 2026 asciende a más de 404.477 millones de pesos.
Prioridad en la Rama Judicial ordinaria
El Ejecutivo enfatizó que la independencia judicial no exime a ninguna entidad pública del control fiscal y la rendición de cuentas, cuestionando además que las primeras sentencias restaurativas hayan llegado apenas en 2025.
Asimismo, anunció que la prioridad presupuestal del Estado estará enfocada en robustecer la Rama Judicial ordinaria, la cual atiende los millones de procesos cotidianos de la ciudadanía, enfrenta congestión de despachos y carece de suficiente infraestructura tecnológica.
“No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad. Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, concluyó el mandatario.
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