La Gobernación de Antioquia, por medio de la Unidad de Programas Sociales, presentó ante el Consejo Departamental para la Política Social y Equidad la estructuración de la política pública de prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. La iniciativa busca comprometer a los actores corresponsables en el cuidado y la protección integral de los menores en los entornos educativo, familiar, comunitario, institucional y digital.
El instrumento normativo articulará esfuerzos entre el sector público, el ámbito privado, organizaciones sociales y entidades de control y cooperación como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Procuraduría General, Unicef y la Asamblea Departamental.
Panorama judicial y el llamado al entorno familiar
Cifras de la Fiscalía General de la Nación evidencian la gravedad de esta problemática: en lo corrido de 2026 se han denunciado e investigado 2.631 delitos sexuales contra menores de 18 años en el departamento, afectando en un 83 % a niñas. Este reporte sucede a los 4.787 casos investigados en 2025 y a los 4.397 registrados durante 2024.
Frente a estas alertas, la gerente de la Unidad de Programas Sociales de la Gobernación, Isabel Cristina Londoño Gómez, hizo énfasis en la urgencia de fortalecer los hogares como espacios seguros:
“En el 50 % de estos casos ocurren en el hogar, siendo el agresor un familiar o una persona cercana a la familia. Por eso reiteramos el llamado urgente a que las familias sean realmente un entorno protector y que es responsabilidad de los adultos garantizarle los cuidados y la protección a las niñas y niños, como sociedad seguimos en deuda con ellos y ellas”.
Impacto de la campaña 'Antioquia nos protege' y radicación en la Asamblea
Como base de intervención en el territorio, el departamento ejecuta la campaña Antioquia nos protege, cuyos resultados acumulan durante 2026:
Herramientas de autocuidado: Acompañamiento a 10.320 niñas, niños y adolescentes en prevención de violencias.
Formación a funcionarios: Capacitación técnica a 2.400 actores institucionales de 82 municipios para frenar la violencia y la explotación sexual comercial infantil.
Movilización social: Más de 10.176 personas sensibilizadas contra el trabajo infantil y la explotación sexual en los 125 municipios antioqueños.
Rutas de activación: Acompañamiento directo a menores de edad y sus respectivos cuidadores.
La fase actual de la política pública continuará con mesas de escucha activa, socialización ciudadana y concertación técnica, con la meta de ser radicada para debate y aprobación en la Asamblea de Antioquia durante el primer semestre de 2027
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