Gracias a la gestión que se viene realizando desde la Secretaría de Gobierno Departamental, en lo que va del año la Gobernación de Antioquia se ha convertido en un ente garante de los Derechos Humanos; y esto se evidencia a través de los múltiples frentes de acción atendidos.
Luis Pérez Gutiérrez, desde el inicio sentó un precedente en su plan de desarrollo, pues la línea 5 del mismo es Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
El Gobierno Departamental, en articulación y coordinación con los entes territoriales, desarrolla acciones orientadas a promover y fortalecer la gestión que contribuya al restablecimiento de derechos de la población; y para ello estableció unos frentes de trabajo que le han permitido brindar atención en componentes tales como la restitución de tierras, desaparición forzada, reintegración comunitaria, memoria histórica, prevención en el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, participación efectiva de las víctimas, fortalecimiento territorial, observatorio de Derechos Humanos, comité de justicia transicional, oficina de atención y asesoría personalizada a víctimas, instalación de mesas de derechos humanos, entre otros.
Dentro de los principales resultados del trabajo realizado, los principales logros alcanzados son:
Dignificación de las víctimas con la entrega de 44 restos óseos de personas que padecieron el flagelo de la desaparición forzada, además del acompañamiento psicosocial a 211 de sus seres queridos.
Asesoramiento a 221 líderes y representantes de víctimas, en lo concerniente a la reintegración comunitaria, para la construcción y puesta en marcha de proyectos productivos que propicien el desarrollo económico, cultural, social y laboral en los municipios.
Primer departamento en formular la Ruta Única Departamental en materia de prevención, restablecimiento de derechos y judicialización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes intervenidos en prevención de emergencia frente al reclutamiento, además de la sensibilización de 215 adolescentes y jóvenes en los encuentros para establecer pactos de paz entre pandillas y barras bravas.
Monitoreo, análisis y seguimiento de la información en el desarrollo de las políticas públicas y comportamiento en las diferentes vulneraciones de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y Víctimas, logrando la implementación de la herramienta POSI (plan operativo de sistemas de información) en 111 municipios, con la caracterización de 654 personas.
13.401 personas víctimas del conflicto armado asesoradas en rutas de atención y acceso sus derechos.
Activación de las mesas subregionales de Derechos Humanos, Ciudadanía y Construcción de Paz.
Conformación y puesta en marcha del Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Conformación del Comité Dinamizador de la mesa territorial de garantías, además del establecimiento de subcomisiones para el trabajo de los defensores y líderes sociales.
Instalación del Comité Departamental de Justicia Transicional.
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