- Así lo manifestó el gobernador Aníbal Gaviria, quien destacó además que las dos actividades de ingresos ilícitos más grandes de los grupos criminales son la minería ilegal y la siembra de coca.
- Manifestó su solidaridad con los habitantes del Bajo Cauca y el Nordeste, y su solidaridad con los mineros ancestrales y artesanales.
El gobernador Aníbal Gaviria Correa denunció en la ciudad de Bogotá, la gran destrucción ambiental que se registra en el departamento de Antioquia, específicamente en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste, por cuenta de los grupos ilegales dedicados a la minería ilegal, que están utilizando maquinaria amarilla y dragas brasileñas con una gran capacidad de barrer el lecho de los ríos para extraer oro.
El mandatario de los antioqueños aseguró que, a este daño descomunal e irreparable, el cual calificó como “la destrucción ambiental más grande de la historia de Antioquia”, se suma la deforestación que estos grupos al margen de la ley vienen propiciando para incrementar la siembra de coca.
“Estas son las dos actividades de ingresos ilícitos más grandes de los grupos criminales que adicionan a esas actividades, que son la columna vertebral de sus ingresos, obviamente con aspectos como la extorsión, tanto de las áreas rurales como de los comercios en las áreas urbanas y otra serie de actividades ilegales, colaterales a las dos principales”, dijo el gobernador.
Se estima que el área afectada, sobre todo por la minería ilegal, estaría entre las 20.000 y 30.000 hectáreas, según Gaviria Correa. Pese a que esta destrucción se ha venido dando por décadas, el mandatario señaló que se ha incrementado en los últimos seis meses con la llegada de estas gigantescas estructuras que deterioran rápidamente el medio ambiente.
Precisó que el paro que se registra en ambos territorios, es una retaliación de los grupos ilegales por la quema de cinco dragas por parte del Ejército y la Policía, situación que afectó las rentas producidas por la minería ilegal.
Además, el gobernador de Antioquia también denunció el chantaje y la extorsión a la que están sometiendo a los habitantes y a los propios mineros para que paralicen las actividades, cierren el comercio y participen en las protestan violentas que se han registrado.
Igualmente, denunció la falsificación de la protesta social: “esta es una protesta violenta, es violenta en todos sus aspectos”. Y explicó que violenta a los ciudadanos para impedir que abran los locales comerciales, para impedir que la niñez y la juventud asistan a las aulas de clase, para impedir que los ciudadanos se puedan abastecer, se puedan movilizar entre los municipios y al interior de los municipios, que las ambulancias puedan ejercer su labor, porque violenta directamente las instalaciones públicas y al secuestrar y retener a funcionarios de empresas mineras legalmente constituidas.
