Los acuerdos con las familias y organizaciones se complementan con la puesta en marcha de programas de desarrollo rural en las zonas afectadas, vías terciarias, asesoría agrícola y apoyos monetarios. De esta manera se da un paso adelante hacia el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.
El Alto Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Rafael Pardo, aseguró que el Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), se convertirá en eje fundamental de la política del Gobierno Nacional para combatir los cultivos de coca.
“Llevamos 20 años fumigando esas plantaciones ilegales y no hemos obtenido grandes logros. Mientras que el inicio de una relación directa con las familias campesinas y sus organizaciones nos ha permitido acercarnos a ellas y hacer pedagogía sobre la importancia del uso de la tierra en el marco de lo legal”, aseguró el alto funcionario.
Subrayó que con los pactos que se vienen firmando buscan que las familias vean en la sustitución de cultivos ilícitos alternativas productivas y así tener una vida digna, tranquila y que los invite a dejar atrás las siembras ilegales.
Pardo destacó que los acuerdos con las familias y organizaciones se complementan con la puesta en marcha de programas de desarrollo rural en las zonas afectadas, vías terciarias, asesoría agrícola y apoyos monetarios. De esta manera se da un paso adelante hacia el cierre de brechas entre el campo y la ciudad.
El PNIS, presentado el 27 de enero con las Farc, tiene el compromiso de promover ante las comunidades sobre las que han tenido influencia histórica, la sustitución de coca por otras plantaciones que traigan desarrollo a las comunidades.
A la fecha ya se han firmado pactos con más de 55 mil familias en 47 mil hectáreas, por medio de acuerdos departamentales como Putumayo y Guaviare; y pactos municipales en los departamentos de Nariño, Meta, Vichada, Norte de Santander, Cauca y Caquetá.
El Alto Consejero presidencial agregó que la combinación de la erradicación y la sustitución es una respuesta contundente del Gobierno para luchar contra el aumento de cultivos ilícitos. Para finales de 2017, tanto la erradicación forzosa y como la sustitución voluntaria tienen la meta de eliminar 50 mil hectáreas, cada una.
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