- Esta solicitud al Gobierno Nacional busca proteger el proyecto, la seguridad energética del país, la vida de las comunidades aguas abajo y los intereses de los antioqueños.
- Aseguró que ampliar el plazo para el inicio de operaciones de las turbinas, no afectará el sistema energético del país.
- A través de dos Tribunales de Arbitramento, la Sociedad Hidroituango reclama a EPM, más de 1.3 billones de pesos por los incumplimientos en la operación del proyecto y la remuneración que debió recibir la sociedad por la generación de energía.
Con el objetivo de defender el Proyecto Hidroituango, la seguridad energética del país, la vida de las comunidades aguas abajo de la presa y los intereses de los antioqueños, la Gobernación de Antioquia, en cabeza del Gobernador Aníbal Gaviria Correa, en comunicación escrita dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó la remoción o una prórroga razonable del plazo que otorga la Resolución No. 194 de 2020 de la CREG, la cual establece que el 30 de noviembre deben entrar en funcionamiento las dos primeras unidades de generación de energía.
Según el mandatario seccional, esta solicitud se fundamenta en las recomendaciones de un grupo de expertos de gestión del riesgo y de la Procuraduría General de la Nación, quienes advierten sobre la necesidad de realizar pruebas que garanticen la defensa, la protección y el cuidado de la vida de más de 130.000 personas ubicadas en poblaciones aledañas al río Cauca, aguas abajo.
Audio: Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia.
Debido a que las pruebas con agua dinámica para la Unidad 1 están previstas a partir del 5 de noviembre y hasta el 11 de diciembre y las pruebas para la Unidad 2, iniciarían posteriormente, el gobierno departamental con esta solicitud pretende evitar una nueva sanción para EPM por valor de 190 millones de dólares a favor de la CREG y perder, por segunda vez, el cargo por confiabilidad estimado en cerca de 65 millones de dólares anuales durante 18 años.
El mandatario fue enfático en señalar que la ampliación de este plazo para el inicio de operaciones de las Unidades 1 y 2, no afectará el sistema energético del país “máxime en estos momentos cuando todos los embalses están llenos por el Fenómeno de La Niña”.
El gobernador Aníbal Gaviria aseguró que todas sus intervenciones con respecto al proyecto Hidroeléctrico Ituango solo buscan respuestas y dar claridad a los antioqueños sobre las actuaciones y decisiones de EPM en torno al cobro de los seguros y al valor que se obtuvo en compensación por el siniestro de esta megaobra. “Y yo creo que pedir esa claridad de ninguna manera se puede calificar negativamente, porque pedir que se aclare y que se diga la verdad no puede ser nunca negativo", aseguró el mandatario.
Agregó, “la mía no es una visión frente a una persona o frente a un gobierno, sino frente a un proyecto, frente a unas instituciones y frente a una comunidad”.
Con respecto a la adjudicación de las turbinas 3 y 4, el gobernador dijo no tener información de primera mano, pero no dudó en calificar esta decisión como sorpresiva y no muy pública, la cual deja dudas e interrogantes sobre la capacidad que tienen esos nuevos contratistas para cumplir el 30 de noviembre de 2023 con la entrega en funcionamiento de las unidades mencionadas.
Aseguró que el contrato BOOMT (Sigla en inglés), no le permite al gobierno departamental acceder a la información relacionada con el empalme entre los contratistas y exime al gobierno departamental y a la Sociedad Hidroituango de responsabilidades, ya que EPM es la única responsable de la construcción, operación, posesión, mantenimiento y transferencia de la operación.
En este sentido, Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Hidroituango, indicó que esta avanza en la reclamación de más de 1 billón 350 mil millones de pesos, a través de dos demandas de arbitramento debido a los incumplimientos derivados del contrato BOOMT.
Audio: Javier Darío Toro, gerente de la Sociedad Hidruituango.
Según el funcionario, la sociedad reclama multas por retrasos que ha presentado el proyecto en sus diferentes fases por valor de 700 mil millones de pesos y exige 650 mil millones de pesos por concepto de la remuneración que debió recibir la sociedad por no haber entrado en operación en noviembre de 2018, cuando debió comenzar a funcionar la primera turbina.
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