El trabajo infantil ha sido uno de los grandes obstáculos para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y una de las mayores problemáticas sociales que enfrentan las autoridades en Cali.
Las cifras de hoy no son muy alentadoras, se habla de cerca de 5.9% de menores en condiciones de trabajo, lo que se traduce en aproximadamente 29 mil niños y jóvenes laborando en la ciudad.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT tipifica como trabajo infantil la situación en la que un menor pasa más de 15 horas en labores del hogar; práctica que por cuestiones culturales y económicas es común, así también es común ver niños en semáforos, plazas de mercado, negocios familiares, en el sector minero, y otras catalogadas como peores formas entre las que se encuentran la explotación sexual, la esclavitud, reclutamiento en conflictos armados, el trabajo forzoso y obligatorio. Estas situaciones agudizan dicha problemática social, generando mayor deserción escolar y menos oportunidades para construir un proyecto de vida, perpetuando el círculo de pobreza.
Para combatir este flagelo, la Secretaría de Bienestar Social en cabeza de Esaúd Urrutia Noel, implementa actualmente la estrategia “Cali, Territorio Libre de Trabajo Infantil” desarrollando acciones encaminadas a la prevención del mismo, así como la promoción de rutas de atención por medio de articulaciones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Sena, El ministerio del Trabajo y la empresa privada como Acopi y ANDI.
Igualmente, lidera acciones como tomas masivas en zonas comerciales de la ciudad y la verificación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran registrados en la línea base Siriti del Ministerio del Trabajo.
El titular de la dependencia, Esaúd Urrutia Noel recalcó: “No demos limosna ni compremos productos a niños, niñas o adolescentes, cambiando costumbres que perpetúan el trabajo infantil y procuremos que estén en familia garantizando espacios protectores y su permanencia en la escuela o colegios”.
“El llamado es a comprometernos como Estado, gremios productivos y sociedad civil ante la responsabilidad de garantizarles condiciones para que tengan un proyecto de vida, como parte activa para proporcionar el goce de sus derechos”, concluyó el funcionario.
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